Reforma Laboral: riesgos y estrategias de cumplimiento

Hace un año, la Ley 2466 de 2025 modificó sustancialmente el régimen laboral colombiano. Transcurrido este tiempo, las empresas no deberían seguir aplazando la gestión de los correctivos necesarios para asegurar su cumplimiento. Entre los principales ajustes están la limitación de los contratos a término fijo, el fortalecimiento de los requisitos para contratar por obra o labor, la ampliación de garantías y licencias, el incremento gradual del recargo dominical y festivo, la ampliación de la jornada nocturna, el nuevo contrato de aprendizaje y el auxilio de conectividad para teletrabajadores de menores ingresos.

A la fecha, las empresas deberían haber actualizado el Reglamento Interno de Trabajo, implementado el registro de trabajo suplementario, verificado la cuota de discapacidad -cuando aplique- y ajustado sus procesos disciplinarios a las nuevas garantías mínimas: comunicación formal, traslado de pruebas, término de defensa y decisión motivada.

Ante una inspección laboral, las compañías deben estar en capacidad de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Los inspectores en virtud de sus facultades legales pueden realizar visitas, solicitar información, preguntar a trabajadores y empleadores, y levantar actas. Si encuentran incumplimientos, pueden abrir una investigación e imponer multas que pueden ir desde 1 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La autoridad también puede ordenar el cierre temporal del establecimiento por 3 a 10 días hábiles y, en casos graves o de reincidencia, el cierre definitivo, con impacto directo en la operación, la reputación y la continuidad del negocio.

La falta de implementación de los cambios mencionados también puede generar litigios laborales, ya sea por la omisión en el pago de acreencias laborales y prestaciones sociales, como por ejemplo por la falta de reconocimiento de recargos o trabajo en días de descanso obligatorio. Así mismo, por el uso indebido de figuras contractuales.

Estas reclamaciones pueden derivar en condenas por salarios, prestaciones, indemnizaciones, indexación, intereses moratorios e incluso indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, además de costos de defensa y pérdida de productividad al tener que dedicar tiempo a resolver controversias y atender demandas laborales.

De ahí la importancia de implementar mecanismos que aseguren el cumplimiento normativo y prevengan sanciones, litigios o daños reputacionales. El objetivo es consolidar una cultura de cumplimiento laboral que reduzca riesgos operativos y financieros, y proteja a la empresa, sus directivos y trabajadores.

En un entorno cada vez más regulado y con ambientes laborales que presentan retos significativos en las relaciones entre empleadores y trabajadores, es necesario identificar las obligaciones legales aplicables, diagnosticar el nivel de cumplimiento mediante auditorías y diagnósticos legales que corrijan desviaciones con planes de acción concretos, acuerdos de formalización y mejora continua.

Es momento de alinear la estrategia legal con la estrategia empresarial y reconocer el compliance laboral como una necesidad estratégica. Integrar el cumplimiento en la toma de decisiones con presupuestos y asignación de recursos adecuados. Capacitando a los líderes de las áreas estratégicas y midiendo permanentemente los avances, de tal manera que sea posible anticipar y prevenir riesgos legales, evitando así sanciones y reclamaciones, y fortaleciendo la reputación corporativa.